ANERPV propone homologar protocolos de seguridad, desarrollar una certificación de confianza en procesos de reclutamiento y adoptar prácticas de validación digital de información para robustecer la contratación de operadores.
Aproximadamente siete de cada diez robos que sufren los transportistas en todas las carreteras de México llevan la colusión de algún empleado interno, como pueden ser los operadores de las unidades, esto de acuerdo con datos de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE).
Bruno Blackmore, CEO de BlackTrust, firma dedicada a la administración de riesgos corporativos, agregó que más del 70 por ciento de los robos que se registran en una empresa hay alguien involucrado dentro de ésta.
Por su parte, en el marco del 3er Congreso Virtual CONADIAC 2022, David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) dimensionó el fenómeno del robo de transporte de carga en las carreteras de México y destacó la importancia de homologar los protocolos de prevención con las certificaciones que tiene la Guardia Nacional para combatir frontalmente este fenómeno criminal.
Señaló que la ANERPV cuenta con cerca de dos millones de vehículos conectados y circulando en las carreteras del país, los cuales sufren algún robo entre 150 y 300 unidades al mes, por lo que es importante que cuenten con la tecnología y protocolos establecidos, así como las autoridades estén certificadas para combatir o disminuir este delito.
“En este proceso el operador es clave, ya que desafortunadamente es el primer contacto con los delincuentes, y al ser tan recurrente los vuelve susceptibles a tener una comunicación más fluida con estos grupos criminales y así se pueda dar la filtración de información voluntaria o involuntaria, ya que usualmente son amenazados”, comentó.
David Román agregó que por tal motivo es importante que el siguiente paso sea la certificación de los choferes, y en este proceso BlackTrust ayudaría a mantener una base de datos con las certificaciones de todos los operadores, lo que daría confianza, incluso en el proceso de contratación de los asociados, y de los clientes de los asociados, que podrían tener una referencia más rápida y confiable.
Al respecto, Bruno Blackmore puntualizó que BlackTrust ha evaluado y certificado a más de medio millón de candidatos a un puesto de trabajo en lo que va de este 2022, de los cuales 80 por ciento son operadores y choferes de transporte.
“Prácticamente todas las compañías de la industria de última milla están certificadas por BlackTrust, y al haber realizado más de ocho millones de evaluados cuenta con la base de datos más grandes de choferes en México. Todo bajo el marco legal los Derechos de Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición (ARCO), Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Ley Federal del Trabajo”, comentó Blackmore.
Este año BlackTrust empezó a validar las licencias de conducir de los choferes, y a la fecha llevan más de siete mil a nivel nacional, de los cuales 7 por ciento de los operadores no han sido recomendados por falta de “un documento adecuado para el puesto, que éste no es válido, tener información poco visible o ser licencias editadas”, entre otras irregularidades.
“Hemos encontrado identificaciones que tienen hasta tres o cuatro datos de diferentes personas. A esto nos referimos a licencias editadas”, acotó. Bruno Blackmore
El experto en administrar riesgos y en validación de datos enfatizó que cerca del 5 por ciento de los perfiles para choferes rechazados es porque tiene un historial criminal, amparos penales, demandas de robo, violencia, homicidios o conexiones riesgosas.
Agregó que, al momento de hacer las validaciones al personal, con base en las solicitudes de lo que quieren o no quieren los clientes, se ha podido ver que en Monterrey son más propensos al alcohol, en Tijuana y Querétaro a las drogas, así como en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Tamaulipas a la violencia.
Asimismo, destacó que 12 por ciento de los candidatos son rechazados por información adversa, 86 por ciento por información legales y 2 por ciento, por otro tipo de información.